El proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer las penas por “falsas denuncias” volvió a instalar un debate sensible en Argentina. Presentado como una herramienta para evitar abusos judiciales, el proyecto propone aumentar las condenas en casos de denuncias presuntamente falsas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y delitos contra menores. Sin embargo, Clara Suarez y Rocio Suarez advierten que detrás de esa iniciativa existe un ataque encubierto a los derechos de las víctimas y una construcción política basada más en percepciones que en evidencia.
El principal problema señalado por las conductoras es que el proyecto se apoya sobre una idea ampliamente difundida pero estadísticamente marginal: la existencia masiva de denuncias falsas. Distintos informes oficiales publicados en 2026 muestran que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de causas penales analizadas en 17 jurisdicciones argentinas. Es decir, menos de una causa cada mil expedientes judiciales.
Incluso organizaciones especializadas remarcan que no existe evidencia empírica que justifique un endurecimiento penal específico para estos casos. Un documento conjunto elaborado por organismos jurídicos y de derechos humanos señala que los delitos de falsa denuncia ya están contemplados en el Código Penal argentino y que las condenas existentes son extremadamente bajas en cantidad.
Para Clara Suarez y Rocio Suarez, el riesgo del proyecto no es solamente jurídico sino simbólico y social. En un contexto donde las víctimas de violencia sexual o de género ya enfrentan enormes dificultades para denunciar —miedo, revictimización, falta de pruebas materiales y desconfianza institucional— instalar la idea de una “ola de falsas denuncias” puede desalentar aún más las presentaciones judiciales. El mensaje implícito es claro: denunciar puede convertirse en un riesgo para la propia víctima.
También cuestionan el modo en que ciertos discursos políticos y mediáticos construyen excepciones individuales como si fueran fenómenos generalizados. Si bien las falsas denuncias existen y deben investigarse, convertirlas en eje central del debate invisibiliza un problema mucho más extendido: la enorme cantidad de violencias que nunca llegan a denunciarse.
La legislación vigente ya contempla sanciones para quien denuncia falsamente a otra persona. El Código Penal argentino prevé penas para los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, por lo que especialistas sostienen que el proyecto de Losada no responde a un vacío legal sino a una estrategia política que pone bajo sospecha a quienes denuncian violencia de género.
En ese sentido, Clara Suarez y Rocio Suarez sostienen que el debate debería centrarse menos en reforzar castigos excepcionales y más en garantizar acceso a la justicia, protección y acompañamiento para las víctimas reales. Porque cuando el foco se desplaza desde los agresores hacia la credibilidad de quienes denuncian, el efecto puede ser profundamente regresivo para los derechos conquistados en materia de género y violencia.