La columnista Yamila Churruarín analiza cómo funciona el sistema previsional argentino y por qué las moratorias jubilatorias constituyeron una de las políticas más importantes para reducir las desigualdades de género en el acceso a derechos. En un contexto de ajuste y recortes, la discusión sobre las jubilaciones vuelve a poner en evidencia una pregunta de fondo: ¿quiénes tienen derecho a envejecer con dignidad?
El sistema previsional argentino funciona principalmente bajo un régimen de reparto, nos cuenta Yamila. Esto significa que las personas trabajadoras en actividad financian, mediante sus aportes y contribuciones, las jubilaciones de quienes ya se retiraron. A estos recursos se suman fondos provenientes de impuestos y transferencias del Estado nacional. Lejos de ser una cuenta individual de ahorro, el sistema se sostiene sobre un principio de solidaridad intergeneracional.
Sin embargo, cuando se analiza quiénes pueden acceder efectivamente a una jubilación, aparecen las profundas desigualdades que atraviesan el mercado laboral argentino. Según datos relevados por nuestra columnista, más del 60% de las personas jubiladas ingresaron al sistema mediante alguna moratoria previsional, es decir, sin contar con los 30 años de aportes exigidos por la ley.
Desde una perspectiva de género, este dato resulta fundamental. Las mujeres han ocupado históricamente los sectores más precarizados del empleo, han sufrido mayores niveles de informalidad laboral y, además, han realizado durante décadas tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Actividades indispensables para el funcionamiento de la sociedad pero que el mercado y el sistema previsional tradicionalmente no reconocieron como trabajo.
Por eso las moratorias jubilatorias y las políticas destinadas a reconocer el trabajo de cuidado representaron una conquista histórica. Permitieron que millones de mujeres que dedicaron gran parte de su vida a sostener hogares, criar hijos e hijas o trabajar en condiciones informales pudieran acceder a una jubilación propia. No se trató de un privilegio ni de una excepción, sino de una forma de reparar desigualdades estructurales que el propio sistema había producido.
La existencia de leyes específicas para amas de casa y, más recientemente, medidas como el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado impulsaron una concepción más amplia de la seguridad social: aquella que entiende que el trabajo reproductivo también genera valor social y económico.
Sin embargo, el escenario actual avanza en sentido contrario. La reducción o eliminación de herramientas que permitían regularizar aportes vuelve a colocar a miles de mujeres frente a una barrera casi imposible de superar. En un país donde la informalidad laboral continúa siendo elevada y donde las tareas de cuidado siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, exigir trayectorias laborales continuas y completas implica desconocer las condiciones reales en las que gran parte de ellas desarrollaron sus vidas.
Las consecuencias no son abstractas. Diversos análisis advierten que, sin mecanismos de inclusión previsional, muchas mujeres sólo podrían acceder a prestaciones de menor monto o deberían esperar más años para obtener algún ingreso en la vejez. Esto profundiza la feminización de la pobreza y amplía las brechas económicas que acompañan a las mujeres durante todo su ciclo vital.
Mientras tanto, el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones obliga a cada vez más personas mayores a continuar trabajando para subsistir. Este fenómeno afecta especialmente a las mujeres, que son mayoría entre quienes perciben los haberes más bajos debido justamente a trayectorias laborales atravesadas por la informalidad y el trabajo de cuidado no remunerado.
Discutir las moratorias previsionales no es únicamente debatir sobre números fiscales. Es discutir qué sociedad queremos construir y qué valor le otorgamos a las tareas que sostienen la vida cotidiana. Cuando se recortan herramientas que permiten acceder a una jubilación, no sólo se ajusta una partida presupuestaria: se restringe el acceso a un derecho.