Las conductoras Clara y Rocio analizan cómo los proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei en torno al denominado “Súper RIGI” y la reforma de la Ley de Tierras profundizan un modelo económico basado en la concentración de la riqueza, la extranjerización de recursos estratégicos y el debilitamiento de la soberanía nacional.
En las últimas semanas, la administración de Javier Milei presentó dos iniciativas que sintetizan con claridad su proyecto económico: el denominado “Súper RIGI” y la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ambos proyectos son defendidos oficialmente como herramientas para atraer inversiones y promover el crecimiento económico. Sin embargo, una lectura más profunda permite observar otro fenómeno: la consolidación de un modelo donde los beneficios se concentran en grandes grupos económicos mientras se reducen las capacidades regulatorias del Estado, según argumentan las hermanas Suarez.
El nuevo “Súper RIGI” busca ampliar los beneficios ya otorgados a las grandes inversiones mediante reducciones impositivas, incentivos especiales y facilidades para determinados sectores estratégicos como minería, energía y nuevas industrias vinculadas al litio y las tecnologías renovables. Entre las propuestas difundidas se encuentra una reducción significativa en la carga tributaria para empresas adheridas al régimen.
El problema es que estas ventajas no alcanzan de la misma manera a las pequeñas y medianas empresas nacionales. Mientras los grandes capitales reciben incentivos extraordinarios, gran parte del entramado productivo argentino continúa enfrentando dificultades de financiamiento, caída del consumo y una presión económica creciente. En otras palabras, se promueve una economía cada vez más concentrada, donde unos pocos actores acumulan mayores beneficios mientras el resto compite en condiciones desiguales.
Pero la discusión no termina allí. El segundo proyecto, la reforma de la Ley de Tierras incluida dentro de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, avanza sobre uno de los debates históricos de la Argentina: quién controla el territorio y los recursos estratégicos.
La iniciativa busca modificar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Actualmente existe un límite nacional del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras rurales, junto con otras restricciones vinculadas a zonas estratégicas y recursos naturales. El proyecto impulsado por el Ejecutivo propone flexibilizar buena parte de esos controles.
Para sus defensores, estas modificaciones permitirían atraer inversiones y dinamizar la economía. Sin embargo, sus críticos advierten que podrían profundizar la concentración de la tierra y facilitar procesos de extranjerización sobre recursos considerados estratégicos, como áreas con acceso al agua, zonas rurales productivas y territorios de relevancia geopolítica.
La cuestión de la soberanía aparece entonces en el centro del debate. No se trata únicamente de quién compra una parcela de tierra, sino de quién controla recursos fundamentales para el desarrollo futuro de un país: el agua, los minerales, la energía, los alimentos y los corredores estratégicos. La historia latinoamericana muestra que la dependencia económica rara vez se construye únicamente mediante la deuda; también puede consolidarse mediante el control privado o extranjero de activos clave.
Al mismo tiempo, organizaciones vinculadas al hábitat y al acceso a la vivienda han expresado preocupación por los posibles impactos sociales de algunas modificaciones incluidas en el proyecto, particularmente aquellas relacionadas con procesos de regularización de tierras y mecanismos de protección para sectores vulnerables.
Detrás de estas iniciativas aparece una concepción particular del Estado. Una visión donde la intervención pública es presentada como un obstáculo y donde la tierra, los recursos naturales y el territorio dejan de ser bienes estratégicos para convertirse exclusivamente en activos económicos. Bajo esta lógica, la soberanía pierde centralidad frente a la rentabilidad.