Las modificaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre la Ley Nacional de Salud Mental encienden alarmas entre profesionales, usuarios y organismos de derechos humanos. Bajo el argumento de “modernizar” el sistema y agilizar intervenciones, el proyecto propone cambios profundos que alteran el enfoque de derechos conquistado por la legislación sancionada en 2010.
En este contexto, Clara Suarez y Rocio Suarez analizan cómo estas reformas representan un retroceso para las personas usuarias del sistema de salud mental. Uno de los puntos más cuestionados es la ampliación de los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto busca reemplazar la noción de “riesgo cierto e inminente” por definiciones más amplias y ambiguas, lo que habilitaría mayores márgenes de discrecionalidad médica y judicial.
La ley vigente fue construida desde un paradigma que entiende a las personas con padecimientos mentales como sujetos de derechos y no como peligros sociales. Las modificaciones del gobierno, en cambio, parecen volver a una lógica más tutelar y manicomial, donde el control y el encierro recuperan centralidad. El fortalecimiento exclusivo del rol psiquiátrico por sobre los equipos interdisciplinarios también es leído como parte de ese retroceso.
Se advierte que estas reformas no afectan únicamente a quienes atraviesan diagnósticos severos. El problema es mucho más amplio: cualquier persona que experimente una crisis emocional, un consumo problemático o un sufrimiento psíquico podría quedar expuesta a mecanismos de intervención más invasivos y con menos garantías. En una sociedad atravesada por la precarización, el estrés y el deterioro económico, ampliar facultades de internación implica también ampliar riesgos de vulneración de derechos.
Otro aspecto crítico es el debilitamiento del enfoque comunitario que promovía la ley original. La normativa de 2010 apostaba por dispositivos territoriales, acompañamiento comunitario y desmanicomialización. Las reformas actuales priorizan nuevamente estructuras centradas en la institucionalización y en respuestas biomédicas individuales.
El debate de fondo no es solamente sanitario, sino político y cultural. ¿La salud mental debe abordarse desde derechos humanos o desde una lógica de control social? Para Clara Suarez y Rocio Suarez, las modificaciones impulsadas por el gobierno avanzan sobre garantías fundamentales conquistadas tras décadas de lucha de usuarios, familiares y trabajadores del sector. En ese sentido, sostienen que el riesgo no es únicamente legal: también es simbólico. Volver a asociar padecimiento mental con peligrosidad implica reforzar estigmas históricos que la ley vigente buscó desmontar.