El Observatorio de Tierras advierte sobre el proyecto que abre la puerta a la venta ilimitada de campos a extranjeros
Trece millones de hectáreas del país ya están en manos de capital extranjero, una superficie equivalente a toda la provincia de Santa Fe. El dato surge del trabajo del Observatorio de Tierras, que dirige el historiador Pablo Volkind desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En diálogo con NO LA VEN, por PLATAFORMA SOBERANIA, el investigador explicó por qué la eventual derogación de la Ley de Tierras Rurales —contenida en la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que el oficialismo buscará aprobar en el Senado el 6 de agosto— representa, a su juicio, “un problema muy serio para la soberanía” nacional.
La discusión legislativa sobre el destino del territorio argentino volvió a instalarse en la agenda pública en las últimas semanas. En el centro del debate está la posibilidad de derogar artículos clave de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que hoy limita la compra de campos por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. La iniciativa forma parte de un paquete más amplio impulsado por el Ejecutivo, conocido como ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento en el Congreso quedó momentáneamente suspendido pero que el oficialismo prevé reflotar.
Para reconstruir el mapa real de la extranjerización del suelo argentino, este medio conversó con Pablo Volkind, uno de los directores del Observatorio de Tierras de la Argentina —dependiente de un programa de investigación en historia agraria que funciona hace una década en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en articulación con el CONICET—. Volkind es historiador, investiga en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas de la UBA, y encabeza el equipo que, a partir de un pedido de información pública, logró sistematizar por primera vez los datos que el propio Estado nacional recopila —pero rara vez difunde— sobre quién es dueño de la tierra rural argentina.
Un pedido de información que destapó una cifra “asombrosa”
El origen del Observatorio, contó Volkind, no fue casual. “Entendemos a la historia como un insumo para entender el presente, no como un objeto de museo”, señaló el investigador, y explicó que el año pasado el equipo decidió recurrir a una herramienta más habitual entre periodistas que entre académicos: un pedido de acceso a la información pública. A partir de ese pedido, el Gobierno les entregó en agosto de 2025 los datos recopilados por el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por la ley de 2011 actualmente vigente.
Fue en ese informe, dijo, donde “empezamos a encontrar una cantidad de datos realmente asombrosos”.
Poco después, en diciembre de 2025, cuando el oficialismo amplió su bancada en ambas cámaras tras la elección de octubre, el exvocero presidencial y expresado como referente de la agenda legislativa, Manuel Adorni, impulsó una batería de iniciativas —entre ellas, la derogación de la ley de tierras rurales— en lo que Volkind definió como un intento de “eliminación de cualquier tipo de límite” en distintas áreas, desde manejo del fuego hasta urbanización popular.
Ese contexto, explicó el historiador, fue el que motivó a su equipo a construir un mapa interactivo, Mapa de la Extranjerización de la Tierra en Argentina 2.0 (nueva interfaz) accesible para toda la ciudadanía, con el grado de extranjerización de cada departamento del país.
“La tierra tiene dos características que la hacen distinta al resto: es limitada y, por lo tanto, irreproducible”, planteó Volkind. “Uno puede comprar una fábrica de zapatos y luego poner otra y otra, pero tierra no: está la que tiene nuestro país y después no hay más.” Por eso, sostuvo, habilitar sin restricciones su compra por parte de capitales extranjeros “nos parecía un problema realmente muy serio”.
Una Santa Fe entera en manos extranjeras
El primer dato que golpeó al propio equipo de investigación fue la magnitud del fenómeno: 13 millones de hectáreas extranjerizadas en todo el país, una superficie equiparable a la provincia de Santa Fe completa y, según remarcó Volkind, similar a la superficie total de Inglaterra.
El investigador agregó un segundo dato que, dijo, contradice el discurso oficial. Aunque el promedio nacional de tierra extranjerizada es del 5%, la ley vigente permite vender hasta un 15%, lo que habilitaría la venta de otros 26 millones de hectáreas —el equivalente a tres provincias de Santa Fe— sin necesidad de ninguna reforma. Ese dato, remarcó Volkind, “pone en entredicho” los dichos de la senadora oficialista Patricia Ulrich (portavoz del bloque de gobierno en la Cámara alta), quien había sostenido que la legislación actual “criminaliza la inversión extranjera en tierras”.
A esa contradicción se suma un tercer hallazgo: pese a existir semejante margen legal para seguir vendiendo, el Observatorio detectó 36 departamentos en distintas provincias que ya superan el límite del 15% establecido por la ley, una situación heredada de 2011 —cuando la norma entró en vigencia sin efecto retroactivo— que, según explicó Volkind, obligaría a pensar mecanismos específicos para revertir esas situaciones en lugar de eliminar el límite legal.
Misiones, la provincia más extranjerizada del país
El relevamiento del Observatorio identificó dos “núcleos” geográficos donde la concentración de tierra en manos extranjeras alcanza sus niveles más altos: la cuenca del río Paraná y el arco cordillerano. En el primer caso, Volkind subrayó el caso de Misiones, que con un 11,2% de extranjerización es la provincia con mayor porcentaje del país, mayoritariamente en manos de la empresa de capitales chilenos Arauco, que según el investigador posee más de 240.000 hectáreas en la provincia.
Dentro de Misiones, el departamento de Iguazú encabeza el ranking con el 40% de su superficie rural en manos extranjeras —114.000 hectáreas—, seguido por Montecarlo (18%), San Martín (16%) y El Dorado (16%). En algunos municipios, como Puerto Libertad, la proporción trepa hasta el 80%, un nivel que —relató Volkind— llevó al propio intendente local a declarar públicamente que no podía desarrollar ninguna política de vivienda popular porque el municipio está “cercado totalmente por las tierras extranjeras”.
En la provincia de Santa Fe, el departamento de Garay supera el límite legal con un 15,73% de su territorio en manos extranjeras, unas 61.000 hectáreas. Para dimensionar la cifra, Volkind la comparó con la superficie de la Ciudad de Buenos Aires: “La ciudad de Buenos Aires tiene completas 22.000 hectáreas, o sea que en Garay hay casi tres ciudades de Buenos Aires” en poder de capitales extranjeros.
En cuanto al origen del capital, el ranking nacional lo encabeza Estados Unidos, con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia, con 2 millones —”fundamentalmente las tierras de los Benetton, en la Patagonia, donde hay más de un millón”, precisó Volkind— y España, con 1,7 millones de hectáreas en todo el país.
Fronteras, puertos y recursos estratégicos
Consultado sobre si el proyecto oficial también elimina restricciones vinculadas a zonas estratégicas —fronteras, cuencas hídricas, áreas mineras, corredores logísticos—, Volkind fue categórico: “Absolutamente.”
El investigador remarcó que la iniciativa del Ejecutivo deroga explícitamente un decreto de 1944 que reservaba las tierras de frontera exclusivamente para ciudadanos argentinos, una restricción sostenida históricamente por razones de soberanía.
De eliminarse esa norma, advirtió, se habilitaría legalmente que capitales extranjeros controlen tierras sobre los márgenes limítrofes con Paraguay, Chile y Bolivia, en un esquema que —según sostuvo— podría favorecer “la venta ilegal de estupefacientes, la trata de personas, la venta de armas”, actividades que dijo que “ya existen” en esas zonas pero que pasarían a desarrollarse “habilitadas legalmente.
“No existe legislación en ningún país del mundo con este grado de apertura”
Uno de los ejes centrales del reclamo del Observatorio es que el proyecto oficial carecería de antecedentes comparables en el resto del mundo. “No existe legislación en ningún país del mundo que tenga este grado de liberalidad y este grado de apertura del capital extranjero”, afirmó Volkind.
El investigador repasó distintos casos internacionales. En Estados Unidos, señaló, la mayoría de los estados tiene legislación propia restrictiva sobre la compra de tierras por extranjeros, y a nivel federal rige la enmienda de “dominio eminente”, que permite al Estado expropiar tierras por razones de bien común, una facultad que —advirtió— el proyecto argentino directamente elimina. Israel, agregó, mantiene más del 90% de su territorio en manos estatales, mientras que en Europa, dijo, Francia subvenciona a productores rurales para evitar el despoblamiento del campo.
En América Latina, Volkind ubicó a México y Brasil entre los países con legislación “muy pero muy restrictiva” respecto de la compra extranjera de tierras, mientras que Uruguay, aun con un esquema algo más flexible, mantiene controles a través del Instituto Nacional de Colonización sobre sociedades anónimas y fideicomisos, figuras que —según el investigador— suelen usarse para ocultar la identidad real de los compradores. Incluso Paraguay y varios países centroamericanos, remarcó, imponen límites severos a la compra de tierras en zonas de frontera, de entre 15 y 50 kilómetros. El único país con una legislación tan laxa como la que impulsa el Gobierno argentino, sostuvo Volkind, es Chile, “que ha tenido en las últimas décadas más de 20 años de dictadura de Pinochet”.
La disputa geopolítica de fondo
Para Volkind, la discusión sobre la ley de tierras no puede leerse por fuera del actual escenario internacional de disputa por recursos estratégicos —agua, minerales, alimentos, energía—, en un contexto atravesado por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente. El investigador remarcó que el único límite que el proyecto oficial mantendría sería el de la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas estatales, una restricción que, a su juicio, funciona como “una señal para limitar la presencia del capital chino” y, al mismo tiempo, “estrechar aún más el vínculo con los norteamericanos”.
En ese marco, el investigador fue crítico del actual alineamiento internacional del Gobierno argentino, al que calificó de “automático con las necesidades norteamericanas” y que, sostuvo, “nos deja muy vulnerables ante cualquier cimbronazo a escala mundial”. Como ejemplo de esa dinámica mencionó la instalación de una base conjunta con presencia estadounidense en Tierra del Fuego y visitas de legisladores norteamericanos a provincias cordilleranas con recursos estratégicos, entre ellas litio. A esto se suma, según remarcó, el esquema del RIGI —el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones sancionado en 2024— y su continuidad en el proyecto conocido como “Super RIGI”, que exime de impuestos a la inversión extranjera y garantiza la remisión de utilidades sin límites: “No es inversión, es saqueo”, sentenció.
¿Es posible atraer inversión extranjera sin ceder soberanía?
Consultado sobre alternativas posibles, Volkind recurrió a la historia argentina reciente. Recordó que los gobiernos de Juan Domingo Perón, entre 1946 y 1955, fueron los únicos que impusieron restricciones serias al capital extranjero, sin prohibir la inversión pero obligando a reinvertir la mayor parte de las utilidades en el país: durante el primer gobierno peronista, las empresas extranjeras solo podían remitir al exterior el 3% de sus ganancias, un porcentaje que se elevó al 8% durante el segundo mandato.
Según explicó el investigador, esa política tuvo un costo: durante el primer plan quinquenal, “casi no vinieron inversiones a la Argentina”, porque el capital extranjero no llega para desarrollar al país sino para aprovechar “el costo de la mano de obra local, los recursos locales, el know-how” y llevarse las ganancias. En contraposición, señaló que experiencias como la del desarrollismo frondizista, que habilitó la remisión del 100% de las utilidades, tampoco generaron el desarrollo esperado.
“El camino no es incentivar la inversión extranjera si lo que buscamos es el desarrollo nacional, sino potenciar las capacidades nacionales que existen”, resumió Volkind, para quien la inversión externa solo resulta virtuosa si está dispuesta a reinvertir sus ganancias dentro del país. De lo contrario, advirtió, el resultado es siempre el mismo: la salida de recursos y utilidades sin contrapartida real para el desarrollo argentino.