Las conductoras Clara y Rocio Suarez analizan cómo los discursos oficiales contra las diversidades sexuales y de género no sólo producen exclusión simbólica, sino que también tienen consecuencias concretas sobre la vida de las personas. En un contexto de retroceso de derechos, aumento de los crímenes de odio y debilitamiento de las políticas de prevención de las violencias, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurre cuando el Estado deja de reconocer a una parte de su población?
En mayo de este año, distintos medios reprodujeron el anuncio del gobierno nacional de que en las escuelas argentinas se enseñaría que “solo existen hombres y mujeres”, según lo comentado por las presentadoras. La medida se inscribe en una serie de decisiones y declaraciones impulsadas por la gestión de Javier Milei que buscan eliminar la perspectiva de género de las políticas públicas y cuestionar el reconocimiento de identidades diversas.
La cuestión de fondo no es solamente estadística. Cuando el Estado niega la existencia de determinados grupos sociales, produce un mensaje político y cultural que trasciende cualquier resolución administrativa. No se trata únicamente de qué se enseña en las escuelas, sino de quiénes merecen ser nombrados, reconocidos y protegidos.
La educación con perspectiva de género nunca tuvo como objetivo “imponer identidades”, como sostienen algunos sectores conservadores. Por el contrario, buscó generar herramientas para comprender la diversidad humana, prevenir situaciones de discriminación, cuestionar estereotipos y reducir distintas formas de violencia. Diversos organismos públicos señalaron históricamente que la perspectiva de género permite identificar desigualdades que afectan la salud, las trayectorias educativas y las condiciones de vida de mujeres y diversidades, según argumentan Clara y Rocio.
La preocupación no es teórica. Los discursos de odio tienen efectos materiales. Cuando desde los espacios de poder se construye a ciertos colectivos como enemigos culturales o como amenazas para la sociedad, se legitiman prácticas discriminatorias que luego aparecen en escuelas, lugares de trabajo, redes sociales y espacios públicos. El dato es abrumador: los crímenes de odio aumentaron un 62% en el último año.
Argentina cuenta con una larga historia de violencia contra las personas trans y travestis. Documentos oficiales señalaron durante años que esta población enfrenta situaciones sistemáticas de exclusión, estigmatización y vulneración de derechos, con consecuencias directas sobre sus condiciones de vida y su expectativa de vida.
Al mismo tiempo, el movimiento feminista viene denunciando el desmantelamiento de programas destinados a prevenir y abordar las violencias por motivos de género. Organizaciones sociales advierten que los recortes presupuestarios y el cierre de organismos especializados reducen la capacidad estatal para intervenir frente a situaciones de riesgo.
En este contexto, resulta difícil separar el crecimiento de los discursos antifeministas y anti-LGBTIQ+ del aumento de las agresiones y amenazas que sufren mujeres y diversidades. Los crímenes de odio no aparecen de manera espontánea. Se producen en climas sociales donde determinadas vidas son consideradas menos valiosas, menos legítimas o directamente prescindibles.
El problema no radica únicamente en una frase presidencial o en una modificación curricular. Lo preocupante es la construcción de un sentido común que transforma la diversidad en una amenaza y los derechos en privilegios. Cuando el reconocimiento de la existencia del otro pasa a ser materia de debate, la igualdad deja de ser un horizonte compartido y se convierte en una disputa permanente.