POR CLARA SUAREZ
Argentina atraviesa un escenario en el que dos indicadores diferentes exponen una preocupación común: las dificultades que enfrentan las personas, especialmente los jóvenes, para sostener sus proyectos de vida. Por un lado, los últimos datos oficiales muestran un incremento de los suicidios, que se convirtieron en una de las principales causas de muerte entre las personas jóvenes. Por otro, la inflación continúa impactando sobre gastos esenciales como la vivienda, los servicios, la educación y la salud.
Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal, durante 2025 se registraron 5.209 suicidios en Argentina, un 22,6% más que el año anterior. La tasa alcanzó los 11,8 casos cada 100.000 habitantes, el valor más alto de la serie analizada. Entre 2017 y 2025, además, la cantidad de casos aumentó un 57,6%.
El impacto entre adolescentes y jóvenes resulta particularmente significativo. En 2024, el 45,3% de las personas que murieron por suicidio tenía entre 15 y 34 años. Dentro de ese grupo se registraron 561 casos entre los jóvenes de 20 a 24 años, 567 entre los de 25 a 29 y 486 entre quienes tenían entre 30 y 34 años. Los datos también muestran que el suicidio desplazó a los accidentes de tránsito como principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años.
Frente a esta situación, especialistas advierten que no existe una única explicación. Entre los factores que pueden intervenir aparecen los problemas de salud mental, el aislamiento, las situaciones de violencia o acoso, los consumos problemáticos y determinadas condiciones sociales y económicas.
El contexto económico constituye otro de los elementos que atraviesan la vida cotidiana. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la inflación de agosto de 2026 fue del 1,7%, acumulando un 21,3% en los primeros ocho meses del año y un 33,5% interanual. Entre los rubros que más aumentaron se encontraron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%; educación, con 2,5%; y salud, con 2,4%.
El aumento de los gastos esenciales implica una presión adicional sobre los hogares. Los servicios básicos, la educación y la salud ocupan una parte significativa de los presupuestos familiares, mientras que el encarecimiento sostenido del costo de vida dificulta la planificación y condiciona decisiones vinculadas con el estudio, el trabajo, la vivienda y el futuro.
La combinación de estos datos exige evitar explicaciones simplistas. Resulta posible señalar que las condiciones económicas forman parte del contexto social en el que se desarrolla la vida de millones de personas y que, junto con otros factores, pueden incidir en el bienestar y en las posibilidades de proyectar un futuro.
Ante este escenario, la salud mental adquiere una dimensión que excede el ámbito individual. La prevención requiere políticas públicas, acceso a atención profesional, dispositivos de acompañamiento y espacios donde adolescentes y jóvenes puedan expresar situaciones de angustia sin ser estigmatizados. También resulta fundamental fortalecer los vínculos familiares, educativos y comunitarios.
Hablar de suicidio de manera responsable no significa generar alarma, sino reconocer una problemática que los datos muestran con claridad. El silencio y la falta de información pueden dificultar la detección temprana de situaciones de riesgo. Preguntar, escuchar y buscar ayuda profesional son acciones que pueden contribuir a la prevención.
Más allá de las interpretaciones, las estadísticas ponen en evidencia la necesidad de mirar las condiciones en las que viven los jóvenes y de construir respuestas que contemplen tanto sus necesidades materiales como su bienestar emocional.
