Antropólogo forense sanlorencino e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Juan Nobile lleva casi cuatro décadas dedicado a un trabajo que empezó buscando a los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar y hoy se extiende también a masacres de pueblos originarios y a matanzas obreras de comienzos del siglo XX. Lo entrevistamos apenas volvió de una campaña de excavación en San Antonio Obligado, al norte de Santa Fe, y en la misma semana en que se conoció la identificación del desaparecido número 30 del centro clandestino La Perla, en Córdoba. En la charla repasó el origen del equipo, los métodos con los que la dictadura intentó borrar los cuerpos, la ampliación del trabajo hacia la historia de los pueblos originarios y el caso que, admite, todavía lo conmueve más que ningún otro: el de Paula Perassi.
De la Guatemala de los años 80 a la creación del equipo argentino
—¿Desde cuándo existe el Equipo Argentino de Antropología Forense?
—Surgió en 1985, con la recuperación de la democracia, a pedido de las Madres, que necesitaban identificar a sus familiares desaparecidos. Antes de eso, en Argentina no existía la antropología forense: era una disciplina propia del mundo anglosajón, que la habían desarrollado los norteamericanos y los ingleses para identificar soldados desaparecidos en el frente de Japón, en la Segunda Guerra Mundial, y en Vietnam. Acá se identificaba por lo que llamamos “osteografía”: los familiares aportaban toda la historia de vida de la persona desaparecida —sexo, estatura, edad, si tenía prótesis, si se había fracturado algún hueso, sus odontogramas— y esa información se comparaba con los restos óseos, que permiten estimar sexo, estatura, edad y hasta reconstruir parte de esa biografía.
En 1984 las Madres fueron a buscar profesionales a las universidades argentinas, pero todavía estaban muy pobladas de colaboradores de la dictadura y el pedido no tuvo mucho eco. Entonces se contactaron con un antropólogo forense estadounidense que trabajaba en Guatemala, país que tuvo cerca de 100.000 desaparecidos por la guerra civil. Lo invitaron, vino, trabajó con dos cuerpos, logró identificarlos y esa prueba se incorporó al juicio a las juntas militares. A partir de esa experiencia impulsó la formación de un equipo local: seis estudiantes de antropología —las carreras habían estado cerradas durante buena parte de la dictadura— que terminaron conformando el EAAF.
Comparar identidades sin cuerpo con cuerpos sin identidad
El trabajo del equipo parte de una premisa: identificar es comparar. Por un lado están las “identidades sin cuerpo”, los familiares que aportan información sobre sus desaparecidos; por otro, los “cuerpos sin identidad”. Para poder cruzar esos datos había que entender que la dictadura desarrolló un plan sistemático no solo de secuestros, sino también de desaparición de cuerpos, con tres metodologías principales.
La primera: personas ejecutadas en centros clandestinos cuyos cuerpos aparecían en la vía pública, presentados como muertos “en enfrentamientos”. A partir de ahí se activaba una burocracia macabra —la policía sacaba fotos, intervenía un juez, la morgue los inhumaba como NN en los cementerios—, lo que dejó un registro de ingresos que se convirtió en el primer lugar de búsqueda. El equipo relevó los cementerios de todo el país buscando ingresos de NN entre 1975 y 1983, ya que la práctica de ejecutar y desaparecer estaba instalada desde 1975 en lugares como Tucumán y también San Lorenzo.
La segunda metodología, más usada a partir de 1977, fueron las inhumaciones clandestinas dentro de los propios centros de detención, como La Perla en Córdoba, el Batallón de Arsenales en Tucumán o Campo San Pedro, en el norte de Santa Fe: ahí tanto el centro como las fosas eran totalmente clandestinos. La tercera fueron los vuelos de la muerte, con cuerpos que aparecían en las costas de Argentina y Uruguay e ingresaban como NN en cementerios cercanos, como el de General Lavalle —los casos de Azucena Villaflor o de las monjas francesas— o, en Santa Fe, el de Benjamín Luciani, profesor de la Facultad de Ingeniería Química del Litoral.
Trabajar bajo control de inteligencia
Los primeros años estuvieron marcados por trabas constantes. Nobile describe un fuerte control de inteligencia sobre la tarea, en un contexto en el que incluso se llegó a temer un nuevo golpe de Estado. Eso restringía, sobre todo, la información: muchos familiares tenían demasiado miedo como para aportar datos, y varios cuerpos habían sido exhumados de manera irregular ya en 1980 y 1981. En 1984 hubo un operativo de inteligencia que robó archivos completos de carpetas de NN en los tribunales de Rosario. Y en Córdoba, ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979-1980, se removieron con retroexcavadoras buena parte de las fosas de La Perla y luego se volvieron a tapar con la misma tierra: esos son, justamente, los restos que el equipo sigue encontrando hoy.
Nobile recuerda una fotografía de 1985 en la que se ve cómo, antes de que existiera una metodología científica, se retiraba con retroexcavadoras un tablón de tumbas NN del cementerio de Avellaneda, se juntaban los huesos rotos y mezclados bajo una sábana blanca y se hacía pasar a los familiares para ver si reconocían algo. La antropología forense, dice, es lo que permitió reemplazar esas prácticas artesanales por una búsqueda protocolizada, con criterios científicos que hoy garantizan la identidad de lo hallado.
De los delitos de la dictadura a las masacres de los pueblos originarios
Aunque el 90% del trabajo del equipo siguió vinculado a víctimas del terrorismo de Estado, con el tiempo la metodología se amplió: empezaron a colaborar con causas en otras partes del mundo y, en Argentina, a intervenir en masacres contra pueblos originarios que distintos juzgados encuadraron también como delitos de lesa humanidad, por tratarse de fuerzas estatales actuando ilegalmente contra población civil. El caso testigo es la masacre de Napalpí, en 1924, cuando fuerzas del Estado ejecutaron a cientos de personas que reclamaban condiciones de vida digna.
San Antonio Obligado, la masacre de 1887 que conecta con San Lorenzo
Otro de esos casos es la masacre de San Antonio Obligado, ocurrida en 1887 cerca de Las Toscas, en el norte santafesino —territorio que en ese momento recién empezaba a integrarse a la provincia, antes dependía del Chaco—. El juzgado de Reconquista también la caratuló como delito de lesa humanidad y pidió la intervención del equipo.
El caso tiene, además, un vínculo directo con San Lorenzo: San Antonio Obligado era una reducción indígena de la orden franciscana que dependía del convento de San Lorenzo, a cargo del padre Hermete Constanzi. Por eso buena parte de la documentación sobre la reducción —cuántos indígenas había, cómo funcionaba— quedó registrada en esa causa. Según esa documentación, Rudecindo Roca, encargado de la ocupación del norte, solicitó que se le entregaran niñas de la reducción para servidumbre de los soldados. La comunidad se negó, hubo un enfrentamiento en el que murieron dos soldados del ejército, la gente de la reducción se dispersó hacia las islas y el monte, y Roca ordenó reunirlos nuevamente para luego ejecutar a 16 personas.
A pedido de la propia comunidad, el equipo organizó las excavaciones, que ya dieron resultados positivos y cuyo material se está analizando. Nobile destaca el rol de la memoria oral: 140 años después de los hechos, los integrantes actuales de la comunidad siguen escuchando el relato de la masacre de boca de sus antepasados, y esa transmisión generacional ayudó a orientar la búsqueda. Antes de excavar se hizo una ceremonia con los caciques de las comunidades, que acompañaron todo el proceso de cerca, cuidando el trabajo y preguntando permanentemente. Un dato que a Nobile lo conmovió especialmente: al tratarse de un delito federal, quienes trasladaron los restos hasta los laboratorios fueron gendarmes que resultaron ser, ellos mismos, descendientes de pueblos originarios del Chaco y de Formosa, y respetaron cada una de las consignas de la comunidad.
Una vez analizados, los restos serán restituidos a la comunidad para que decida sus propios rituales de inhumación, mientras se eleva un informe a la justicia federal. Para Nobile, el proceso tuvo un efecto que va más allá de lo forense: legitimó un relato que durante generaciones había sido puesto en duda o tratado como leyenda, y les mostró a las comunidades que las instituciones también podían ponerse al servicio de la memoria y la justicia para ellas.
En paralelo, el equipo también aborda las matanzas de obreros patagónicos de 1910 y 1911, conocidas como la Patagonia Rebelde, otro episodio en el que personal del ejército ejecutó y fusiló trabajadores sin juicio ni justificación. Para Nobile, estos casos muestran una continuidad: desde la constitución del Estado nacional, sectores de las fuerzas armadas actuaron al servicio de las grandes oligarquías, ya sea matando o esclavizando indígenas o masacrando obreros que reclamaban condiciones de trabajo dignas. Un patrón se repite en todos los casos, dice: simular enfrentamientos inexistentes para justificar la represión, con la complicidad de medios de comunicación que reproducían esa versión —como el diario que, tras Napalpí, tituló que se había logrado “apagar” un supuesto “levantamiento de indígenas rebeldes”.
El caso que más lo conmueve: Paula Perassi
Consultado sobre qué es lo que más lo impacta después de tantos años de trabajo, Nobile menciona varios hitos: la primera identificación de su carrera, un caso de San Lorenzo, por el peso emocional de conocer a la familia y su historia; y Malvinas, por lo que significó para toda su generación dentro del equipo. Pero el caso que, dice, más lo conmueve sigue siendo el de Paula Perassi. A diferencia de los casos de la dictadura o de las masacres históricas, para los que ya existe una sistemática de trabajo asentada, se trata de una desaparición ocurrida en democracia, muy cerca del lugar donde él vive y en un momento en el que, como padre, mira estas cosas distinto. Ver cómo las mismas estructuras de poder que uno estudia en abstracto pueden generar la desaparición de una persona en la propia ciudad, sin que nadie sepa nada, le resulta especialmente perturbador —algo, dice, que no debería ser admisible en el siglo XXI.
En esa misma línea menciona el caso, mucho más reciente, de un chico desaparecido en Bermúdez que estuvo una semana perdido, vinculado a cuestiones de narcotráfico: otra vida joven cortada, y otra vez, muy cerca de casa. Para Nobile, el caso Paula Perassi funciona casi como una radiografía de su ciudad: permite ver la estructura de poder de una región, pero también el simbolismo con el que se mira a una mujer desaparecida, y qué tipo de compromisos —o de silencios— se ponen en juego alrededor de un caso así.
Un mensaje para quienes quieran estudiar antropología
Hacia el final de la charla, Nobile tiene un mensaje para quienes están pensando en estudiar la carrera: no es un camino para hacerse rico, pero sí uno para vivir de lo que a uno le apasiona, si se lo encara con seriedad y responsabilidad. La invitación queda abierta para cualquiera que quiera acercarse a la Escuela de Antropología de Rosario.
